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Novapolis, No. 20 (Diciembre 2022) – ISSN 2307-8693. Martens, J. (2022). Miedo, consolidación del crimen organizado y narcopolítica. Novapolis, (20), 73-102. Recuperado de https://pyglobal.com/ojs/index.php/novapolis/article/view/150
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Juan A. Martens
Universidad Nacional de Pilar - INECIP Paraguay/CONACYT
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3251-763X
Miedo, consolidación del crimen organizado y narcopolítica:
Derivaciones de la política de (in) seguridad en Paraguay 2000-2022
Recibido: 12 de octubre de 2022
Aceptado: 20 de diciembre de 2022
Resumen
Este artículo examina las situaciones, acciones u omisiones de la política criminal de los últimos 20 años, que contribuyeron a la actual configuración de la seguridad en Paraguay caracterizada por realidades contradictorias, ya que mientras desciende sostenidamente la tasa de homicidios, se registran aumentos de la actividad del crimen organizado. Las reformas institucionales del sistema de justicia iniciadas en el 2000, que pretendían modificar prácticas en la gestión del conflicto penal, no alcanzaron a dos organismos claves para el abordaje de la inseguridad: La Policía Nacional y el sistema penitenciario, que siguen capturadas y al servicio de sus élites corruptas. Mientras, la población continúa siendo la más temerosa de Latinoamérica y es cada vez más visible la conexión del poder político con el narcotráfico, con parlamentarios y autoridades municipales procesados y encarcelados; en tanto que, dos facciones carcelarias disputan la hegemonía y el cogobierno al interior de las prisiones, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Clan Rotela, desde donde planifican y dirigen sus negocios.
Palabras clave
Inseguridad en Paraguay, miedo al delito, crimen organizado, narcopolítica.
Abstract:
This article examines the situations, actions, or omissions of the criminal policy of the last 20 years, which have contributed to the current configuration of security in Paraguay characterized by contradictory realities, since while the homicide rate steadily decreases, there are increases in the organized crime activity. The institutional reforms of the justice system that began in 2000, which sought to modify practices in the management of criminal conflicts, did not reach two key agencies for addressing insecurity: the National Police and the penitentiary system, which are still captured and in service. from their corrupt elites. Meanwhile, the population continues to be the most fearful in Latin America and the connection of political power with drug trafficking is increasingly visible, with parliamentarians and municipal authorities prosecuted and imprisoned; meanwhile, two prison factions dispute hegemony and co-government inside the prisons, the First Command of the Capital (PCC) and the Rotela Clan, from where they plan and run their businesses.
Keywords: Insecurity in Paraguay, fear of crime, organized crime, narcopolitics.
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Introducción
Ese artículo reflexiona sobre las situaciones, acciones y omisiones que permitieron la actual configuración de la seguridad en Paraguay, cuyas características presentan realidades contradictorias, aunque el miedo al delito y la sensación creciente del aumento de la delincuencia sea constante en los últimos años.
El análisis académico de la situación de la seguridad exige la distinción entre la dimensión objetiva y subjetiva del fenómeno, si bien el sentido común y la imagen que se proyecta en los medios de comunicación se base casi exclusivamente en el segundo aspecto, es decir, en la sensación de inseguridad construida en base a prejuicios y estereotipos sobre el delito y el delincuente, sobredimensionando a algunos y ocultando a otros.
Vista desde algunos indicadores como la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, la seguridad fue acrecentándose en los últimos 20 años, pasando de 26, en el 2002 a 6,83 en el 2022, es decir, se produjo una disminución del 73% de la violencia letal, en este periodo. Sin embargo, esta situación no es percibida por la población, ya que el 97% manifestó su creencia en el aumento de la delincuencia, según la última Encuesta Nacional de Victimización publicada en 2017 (Martens, Molinas, Ramos, & Orrego, 2018).
¿Cuáles son los factores que llevan a las personas a afirmar que estamos cada vez más inseguros? ¿A qué delitos se refieren cuando afirman que hubo un aumento sustancial de la delincuencia?; y finalmente, ¿qué medidas se adoptaron en los últimos años para el abordaje de la problemática y con qué efectividad?
La respuesta es compleja y multidimensional por lo que se ensayan hipótesis explicativas que incluyen la combinación de distintas categorías analíticas, construidas con informaciones producidas al menos desde el 2000, con diversas estrategias metodológicas, tanto cualitativas como cuantitativas, y con enfoque etnográfico, incluyendo trabajos de campos en variados escenarios y lugares, aunque especialmente en el sistema penitenciario, los territorios limítrofes con Brasil y Argentina, tanto en fronteras seca como húmeda, así como en zonas periféricas del gran Asunción y de otras capitales departamentales (Hammersley y Atkinson, 2022).
Las interlocuciones en estos territorios se realizan a través de observaciones, algunas de las cuales fueron totales, conversaciones informales, entrevistas con actores estatales entre los que destacan miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público y el Poder Judicial, especialmente fiscales y jueces y juezas. Con algunos de estos se establecieron relaciones de confianza y cooperación académica y profesional que ayudan a mantener el vínculo. Por otro lado, la interacción e intercambio de información es permanente con pobladores y actores del sistema económico formal e informal, sea legal o no, en los territorios analizados, a través de visitas sistemáticas a los mismos y de comunicaciones mediadas por la tecnología. Al tratarse de trabajos realizados en contextos de violencia, narcotráfico, relaciones de género y poder desiguales, y marcada violencia estructural, la producción de información presentó constantes desafíos sobre los que hubo que ir tomando decisiones y asumir posturas políticas y éticas con base a reflexiones teóricas epistémicas procurando el establecimiento de contactos dignos con el otro en territorios marcados por el miedo y/o el terror (de Marinis, 2019; Ossola, 2013; Zavala Caudillo, 2014).
Respecto al sistema penitenciario, se realizan visitas institucionales como informales, al menos dos veces al año, a alguna penitenciaria regional o nacional, aunque se mantiene vínculo permanente, con conversaciones telemáticas semanales y/o diarias, con personas privadas de libertad, en régimen de prisión preventiva o condenada, algunas de las cuales llevan más de 20 años de encierro. De esta manera, se acopia información sobre las dinámicas de funcionamiento y redes de poder que operan en las cárceles. La postura política epistémica que se asume en el relacionamiento con los interlocutores es la búsqueda de relaciones de horizontalidad en la producción de conocimientos, aunque siempre conscientes del poder que implica la academia institucionalizada. Por periodos, las interlocuciones son diarias y sobre distintos temas, que van desde conversaciones sobre un hecho mediático a análisis normativos. Es frecuente la consulta sobre aplicaciones de la ley penal (Reygadas, 2014).
Para dar cuenta de la amplitud y variedad de los escenarios estudiados en estos años se citan las siguientes ciudades o territorios donde se desarrollaron algunas de las estrategias de producción de información mencionadas. En la Región Occidental: Filadelfia, Neuland y Loma Plata en el Chaco Central; Carmelo Peralta en el Alto Paraguay, con su ciudad gemela del lado brasileño Porto Murtinho. En tanto que, en la Región Occidental: en la frontera paraguayo-brasileña, Bella Vista Norte, Pedro Juan Caballero, Zanga Pytã, Capitán Bado, y Saltos del Guairá sobre la línea de frontera seca; también Saltos del Guairá, Ciudad del Este y Presidente Franco, en la divisa húmeda. En la frontera paraguayo-argentina, Pilar, Alberdi y Nanawa. Así mismo, algunas ciudades adquieren relevancia en el análisis que se viene haciendo sobre la seguridad y economías ilícitas por lo que también se visitan periódicamente. Entre estas destacan Curuguaty y otros distritos de Canindeyú, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes, Fernando de la Mora, algunas de Concepción y otros territorios de cultivo y producción de marihuana.
Es un desafío permanente el análisis de los fenómenos observados desde perspectivas analíticas que superen el eurocentrismo, reconociendo la particularidad de las relaciones socioeconómicas y de poder que determinan las estructuras en las sociedades latinoamericanas, si bien los marcos teóricos de autores considerados críticos son necesarios para entender los entramados locales, a pesar de fundarse en reflexiones que parten de otros contextos.
Es particularmente útil la idea de gestión de ilegalismos expuesta por Foucault (2002), en donde sostiene que el sistema penal no va más allá de la persecución de algunas conductas prohibidas y la tolerancia de otras, debido a la mediación de factores políticos, sociales y económicos históricos. Esta idea es coherente con uno de los principales rasgos del proceso de criminalización secundaria al que se denomina selectividad punitiva. Es decir, de la gran cantidad de delitos que ocurre diariamente, se escoge solo algunos para abordarlo institucionalmente a través de los sistemas de seguridad y justicia (Zaffaroni, 2009), y de entre los autores solo a los que están sometidos a la sujeción criminal (Misse, 2017b)[1]. De este modo, esta selección recae particularmente sobre un tipo de persona conforme a prejuicios históricamente asociados a las personas más vulnerabilizadas; están alentadas desde medios de comunicación monopolizados, materializando de este modo un ejercicio del poder punitivo bélico abisalmente selectivo, con encarcelamientos en masa y altas letalidades policiales, que impactan en hombres jóvenes, empobrecidos, de barrios periféricos, mulatos o negros, construidos como parias sociales, frente a lo cual los poderes públicos no hacen más que contribuir por acción u omisión (Dias dos Santos, 2020).
En las siguientes cinco categorías se analizan aspectos de la seguridad en los últimos 20 años: 1) Policía y política de seguridad militarizadas; 2) Menos homicidios, pero alta sensación de inseguridad; 3) De centro de cultivo de marihuana a distribución internacional de cocaína; 4) Faccionalización del sistema penitenciario, y 5) Narcopolítica.
Policía y política de seguridad militarizadas
A pesar de algunos parches legislativos, en estos poco más de 30 años de transición democrática, la Policía Nacional no logró deshacerse de su herencia autoritaria y militarizada como cuando funcionaba como Policía de la Capital al servicio del dictador Alfredo Stroessner. Los ascensos y promociones no dependen de los méritos, sino de los años de servicio; no es posible hacer carrera en cuerpos especializados como prevención, represión e inteligencia, sino que la permanencia en los mismos está supeditada a voluntades e intereses de los jefes de turno; los traslados y las designaciones geográficas dependen más del cuánto puede pagar el postulante antes que el perfil y las necesidades a cubrir.
Lo único novedoso en cuanto a la estructura policial establecida en la Ley Orgánica, Ley N° 222, de 25 de junio de 1993, promulgada solo cuatro años después de la caída de la dictadura stronista, es la creación de un solo cuerpo en todo el país, a cuya cabeza se encuentra un comandante. Es la misma policía stronista que, sin ningún tipo de capacitación previa, se convirtió en la Policía Nacional de Paraguay, por lo que hubo una traslación directa de sus peores vicios: Torturas, desapariciones, corrupción, tratos crueles, inhumanos y degradantes (Martens, 2009). En 2016, con la Ley N° 5757, de 16 de noviembre se actualizaron algunos artículos, pero sin apuntar a modificaciones estructurales. El último intento legislativo de modificación estructural de la Policía se presentó en mayo de 2019, a iniciativa del presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), pero encontró férrea oposición en el cuerpo policial y comisarios retirados, quienes actuaron de vocero. El ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, había explicado que apuntaba a “la efectividad del departamento de Asuntos Internos de la Policía, así como la necesidad de garantizar la independencia de los tribunales policiales, ajustar la dependencia de la unidad de contrainteligencia, y el estudio adecuado del sistema de ascensos” (IP Paraguay, 2019). Ciertamente, una de las grandes razones de la impunidad de la corrupción policial es la ineficacia de su departamento de asuntos internos.
Con relación a las políticas de seguridad, en todo el periodo de análisis, se caracterizó por su tono emocional, con decisiones sustentadas en la percepción del creciente aumento de la inseguridad, decantándose hacia la mano dura y militarización, traducida en el endurecimiento de marcos penales, constantes operativos militares, y finalmente, la militarización permanente de territorios específicos.
Tal como explica Carvallo (2018), tras una breve temporada de discurso de desmilitarización postdictadura, fue el gobierno de Duarte Frutos (2003-2008), que de manera simbólica marco la reafirmación del poder e impunidad militar, que cada vez más fue consolidándose hasta producir la modificación de la Ley de Seguridad Interna, permitiendo la participación de militares en tareas de seguridad interna, a pesar de la prohibición constitucional.
Fue el exobispo Fernando Lugo (2008-2012), de discurso progresista, pero práctica conservadora en cuanto a la seguridad, quien impulsó la remilitarización del país con la excusa de luchar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) (Carvallo, 2018). De este modo, decretó varios estados de excepción, autorizó al menos cinco operativos policiales-militares, tanto en la Región Oriental como en la Occidental, entre 2009 y 2011 (Carvallo, 2018); y entrenó y equipó con fusiles y técnicos colombianos a la Policía Nacional (Martens, 2009).
Sin embargo, la institucionalización de la militarización no se dio sino hasta en 2013, con el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un cuerpo híbrido entre policías, militares y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), reglamentado por el Decreto N°, 103 de 2013, “por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operativos de defensa interna, en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”, firmado por Horacio Cartes (2013-2018).
Al menos desde mediados del 2000, la existencia del EPP, un grupo con características proto insurgente (Martens, 2017a), fue utilizada como un mal cósmico que justifica la militarización y el endurecimiento punitivo, que se tradujo en aumento de penas y la creación de nuevos tipos penales, aunque este proceso esté más vinculado a la protección de intereses fácticos, políticos y económicos, a través del disciplinamiento social, así́ como la reinvención y mantenimiento de las Fuerzas Armadas como interlocutora en la gestión de la seguridad interna del país (Martens, 2022).
Las militarizaciones de la política de seguridad que se sucedieron desde la apertura democrática, en 1989, en una primera etapa, adoptaron la figura del Estado de Excepción, para luego extenderse a la presencia permanente de las fuerzas en los territorios. El primero de estos se declaró en 2000, por el entonces presidente Luis Ángel González Macchi (1999-2003) por Decreto N° 8772, de 19 de mayo de 2000, y el último bajo el mandato de Fernando Lugo, por Ley N° 4473, de 10 de octubre de 2011. En estos estados de excepción declarados, si bien se alegaron grave conmoción interna, los hechos que motivaron no constituían más que cuestiones puntuales de delitos comunes e incluso manifestaciones de protesta que adquirieron impacto mediático, ya sea por la forma en que ocurrieron o los actores involucrados (Martens, 2022).
Tal como era de esperarse, esta profundización de la militarización y del endurecimiento penal no significó la reducción del miedo al delito, ni de los niveles de violencia e inseguridad (Martens, 2017b), ni la actividad del crimen organizado, sino que complejizó algunos escenarios como el sistema penitenciario ya que implicó el crecimiento sustancial de la población en prisión y el inicio del cogobierno penitenciario entre Estado y facciones criminales; aumentó la violencia y letalidad policiales y la desconfianza ciudadana hacia las fuerzas de seguridad y justicia (Martens, Molinas, Ramos, & Orrego, 2018).
Menos homicidios, pero alta sensación de inseguridad
Las tasas de homicidios por cada cien mil es utilizada para medir y comparar niveles de violencia e inseguridad, ya que el homicidio intencional es el delito máximo y tiene efectos expansivos que van más allá de la perdida de la vida. Tiene impactos en la familia y en la comunidad de la víctima, creando un ambiente negativo en la comunidad, la economía y en las instituciones gubernamentales (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD [UNODC, por sus siglas en inglés]), 2019).
Sin embargo, el índice de homicidios es apenas un indicador de la situación de la seguridad en el país, que precisa tener en cuenta además de las muertes intencionales, otros delitos contra las personas, contra el hogar, así como la gestión de la sensación de inseguridad y las cifras ocultas de los delitos para dar cuenta de la situación en un momento determinado. El caso paraguayo es precisamente un ejemplo cómo solo un abordaje integral de la seguridad, que supere una visión reduccionista y apunte hacia la seguridad humana, puede contribuir a disminuir los temores y ansiedades que provocan el delito y otras violencias estructurales. El enfoque de la seguridad humana promueve la libertad de vivir sin temores, sin carencias y con dignidad (Organización Panamericana de la Salud - OPS, 2010).
Concretamente, Paraguay viene registrando una disminución de la tasa de homicidios años tras año, tal como se muestra en la Ilustración 1, con 73% menos de asesinatos entre 2000 y 2022. Sin embargo, la creencia del aumento del delito y la sensación de victimización futura se mantiene en torno al 97% y 50% de la población, respectivamente (Martens, Molinas, Ramos, & Orrego, 2018).
Ilustración 1: Evolución de tasa de homicidio 2000-2022
Los factores asociados al miedo al delito en Paraguay aún no están estudiados suficientemente, aunque algunas exploraciones relacionan determinadas formas de criminología mediática con el índice que ubica a Paraguay entre los países más temerosos de la región, y que la producción del miedo es una intención deliberada de determinados programas de televisión por la creencia del rating que generaría, recurriendo de este modo al sensacionalismo, a la generalización, repetición de noticias, y la visibilización de los hechos más violentos, tales como homicidios, robos y los estereotipos criminales (Molinas Delvalle, 2021).
Aunque el miedo al delito no tenga base empírica es un problema que debe ser abordado porque genera consecuencias concretas en la vida de la población y en las políticas de seguridad. La Encuesta de Victimización del 2017 documentó en este sentido la serie de actividades que paraguayos y paraguayas dejaron de realizar debido al temor a ser víctimas, entre los que se encuentran desde dejar de visitar a familiares hasta evitar la realización de ejercicios físicos en lugares abiertos (Martens, Molinas, Ramos, & Orrego, 2018).
En cuanto al impacto en las políticas públicas se documentó que la creación del miedo, y la percepción de inseguridad en la población, generaron una conmoción social, que influyó en la modificación de las leyes penales de fondo y de forma, pero que no redujeron la sensación de inseguridad, así como el índice de criminalidad existente (Alderete Ortega, 2022).
Martens y Estigarribia (2017) documentaron, a su vez, que aumentaron las denuncias de los delitos predatorios en las principales zonas urbanas del país, a pesar de las políticas de endurecimiento penal y modificaciones normativas basadas en el miedo. Indicaron que, a las mayores demandas de seguridad, el Estado paraguayo respondió con modificaciones legislativas, tanto penales como procesales, que facilitaron el ingreso a prisión y dificultaron la salida, produciéndose un incremento de 105% en la población encarcelada entre 2010 y 2016; pero al mismo tiempo en más denuncias en zonas como Asunción y las ciudades del Departamento Central. Es decir, las políticas penales basadas en el miedo no solo no disminuyeron los delitos, sino ni siquiera la ansiedad ciudadana (Martens & Estigarribia, 2017).
De centro de cultivo de marihuana a distribución internacional de cocaína
El avance y visibilidad de la presencia del crimen organizado en distintas esferas sociales y políticas se incrementó en los últimos diez años, principalmente con la irrupción y consolidación en el territorio nacional de los negocios criminales de los grupos provenientes del Brasil (Paes Manso & Dias Nunes, 2018). En este periodo, el territorio de Paraguay se constituyó en el centro de distribución internacional de la cocaína andina, además de principal productor de marihuana de sudamérica, con extensiones anuales que superan las siete mil hectáreas (SENAD, 2019).
Hasta finales de la década del 2000, las facciones brasileñas usaban mayormente el territorio paraguayo como refugio o para descomprimir la presión policial ejercida sobre los mismos en Brasil. Ingresaban a Paraguay, conseguían nueva identidad y se insertaban como empresarios de frontera, ganaderos o exitosos inversionistas. El mismo Fernandinho Beira Mar fue acogido y mantenido en el centro de Capitán Bado, en la primera mitad de los 90 (Martens et al., 2022).
Los negocios vinculados al mercado criminal estaban en manos de patrones locales, paraguayos o no, pero con sede en territorio nacional, que actuaban como intermediarios o proveedores de los compradores brasileños. Los mismos gestionaban los cultivos y la recepción de las demás mercaderías, tales como armas y cocaína; entregaban a sus clientes, ya sea en Paraguay o en Brasil. Alrededor del 2008, el PCC cambió de estrategia. Quizá con la intención de abaratar costos de los productos en el mercado brasileño y/o para aumentar su control territorial; puso en marcha su Proyecto Paraguay (Paes Manso & Dias Nunes, 2018), con el que diez años más tarde logró controlar el cultivo, traslado y venta de la marihuana en las ciudades brasileñas, y la recepción y redistribución de cocaína andina. Con esta decisión, el PCC no solo aumentó su presencia en Paraguay, sino que el país se conviritió en uno de los grandes centros logísticos de sus negocios.
El principal obstáculo para este propósito, Jorge Rafaat Toumani, fue eliminado en 2016, en un atentando con características cinematográficas, cuando se dirigía a su domicilio al final de una jornada laboral, en pleno centro de Pedro Juan Caballero. Como señor de la frontera cobraba un canon por el uso del territorio, incluso estableció una especie de impuesto para la comercialización de determinados productos legales en la línea de frontera (Martens et al., 2022).
La muerte de Rafaat reconfiguró el mercado criminal en la frontera con Brasil y marcó el inicio de la hegemonía del PCC en esa región y el país. Era el último gran empresario de frontera, denominados así “porque no hay asideros jurídicos para llamarlos narcotraficantes… a pesar de que todos saben que son capo mafiosos. Poseen grandes comercios y empresas de fachada, son dueños de medios de comunicación… Aparecen en las fotos de sociales como personajes de farándula. Se presentan a elecciones y a veces las ganan. Se creen poderosos e intocables, dueños de vidas y de muertes” (Colmán Gutiérrez, 2016).
Analistas y autoridades de uno y otro lado coincidieron que el asesinato buscaba el monopolio del tráfico de drogas y armas. El juez federal de Campo Grande, capital del Estado de Matto Grosso do Sul, Odilón de Oliveira, explicó que Rafaat era rival del PCC, y agregó: “Por los antecedentes estoy casi seguro que fue el PCC quien lo eliminó” (Mendonça, 2016). También supuso el fin de la tregua entre el PCC y el Comando Vermelho (CV), que venía operando en Paraguay desde inicios de los 90. Ambos grupos habían respetado durante mucho tiempo el espacio criminal del otro (Dudley & Taylor, 2020).
Con los asesinatos de Rafaat y los más de 30 de sus allegados y abogados que le siguieron, el PCC pudo tomar control de esta ruta y debilitar el acceso de CV a las rutas del tráfico del este de Paraguay convirtiéndose en el principal actor del mercado criminal. Diversos representantes de la misma Sintonía Final General[2] llegaron a Pedro Juan Caballero para cuidar de los negocios de la corporación criminal. Algunos de estos, alternaban domicilio entre Asunción y Pedro Juan Caballero, insertándose, además, en redes profesionales y empresariales locales con sus familias e hijos, codeándose de este modo con magistrados, fiscales, abogados, jefes de la masonería con gran influencia en los sistemas de justicia y seguridad (anotaciones del cuaderno de campo, entre 2019 y 2022; Feltrán, 2018).
La expansión ya no encontró obstáculos. Una parte de su estructura logística se instaló en Asunción, para la coordinación de envíos a Europa, a través del Río Paraguay y los puertos de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay). De esta manera, se inauguraba una nueva etapa en la remisión de mercaderías al viejo continente (Troncoso & Sampó, 2022).
En este mismo sentido, en un informe anual del 2021, un organismo de Naciones Unidas reporta que: “el sistema fluvial Paraguay-Paraná́, formado por 3.400 km ininterrumpidos de ríos que conectan la Argentina, Bolivia, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay con el océano Atlántico, parece haberse consolidado como puerta de entrada para el transporte de la cocaína fabricada en Bolivia y el Perú a los mercados internacionales de cocaína a través de puertos del Brasil y el Paraguay (Naciones Unidas: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2022, pág. 104). La droga que circula por el sistema fluvial Paraguay-Paraná -con destino a países de Europa- puede provenir de Bolivia o Perú y "baja" hacia Argentina por vía fluvial desde los puertos del Paraguay (Télam, 2022).
En julio de 2018 fue detenido en el rico eje corporativo de Asunción, Eduardo Aparecido de Almeida, presentado por las autoridades como el tercero en la estructura jerárquica del PCC y encargado de las operaciones de Paraguay y Bolivia (DW en Español, 2018).
La detención de Aparecido de Almeida en Asunción y con custodia policial, visibilizó, una vez más, de qué manera son las de redes de poder hegemónicas las que posibilitan el éxito de la empresa delictual; es decir, la intrínseca colaboración entre grupos criminales, poder público y privado (Flores Pérez, 2019). Quedó demostrado en juicio oral y público, en octubre de 2021, que el jefe de la Comisaría N° 4 de Asunción, comisario Hugo Ayala, usó su función policial para protegerlo y conseguir documentos de identidad, además, asignó a un subordinado, Jorge Mendoza, para que actuase como asistente personal del jefe narco, cumpliendo también funciones de personal doméstico, conforme a la acusación fiscal. En tanto, el abogado, Jorge Darío Cristaldo, realizó distintos trámites públicos y privados para que pueda instalarse en Asunción y utilizó su empresa agroganadera para encubrir las operaciones. Las condenas a los uniformados fueron de cinco años, en tanto que seis, al profesional del derecho, bajo los cargos de asociación criminal y frustración a la persecución penal (Carlos Alfredo Mendoza y otros s/ frustración a la persecución y ejecución penal, 2018).
También en el periodo de análisis se intensificó la cooperación de los organismos de seguridad brasileños en la persecusión de los grupos provenientes de ese país, lo que fue determinante para la identificación y detención de varios de los líderes que fueron instalándose uno tras otro. En esta línea, el Operartivo North, en octubre de 2019, culminó con la detención del jefe narco Adriani Levi Fabricio, en un barrio de clase alta de Asunción; su secretario y persona de confianza en Pedro Juan Caballero, Marcio Gayoso, quien era el encargado de la compra de mercaderías políticas (Misse, 2010) de los 19 efectivos que también fueron privados de libertad.
La acusación fiscal presentada en la causa N° 8692/2019, ante el Juzgado Especializado de lucha contra el Crimen Organizado, el 15 de octubre de 2020, relata detalladamente de qué manera policías de distintos rangos y funciones, entre oficiales, sub oficiales, comisarios, jefes de Comisaría, miembros de cuerpos especializados como Inteligencia Policial o el Departamento de Crimen Organizado ponían a disposición de la estructura criminal manejadada por Levi información que recogían en el ejercicio de sus funciones a cambio de dinero, es decir, vendiendo mercaderías políticas, en términos de Misse (2010).
Este documento fiscal pone de manifiesto de qué manera, Levi utilizada la estructura policial en provecho de su empresa delictual. Consta que mandaba controlar a automóviles desconidos por él que rondaban su vecindario en Pedro Juan; ordenaba la liberación de sus secretarios detenidos por uniformados; recibía información sobre movimientos de fiscales, de otros policías y miembros de la SENAD, que no estaban a su servicio.
Según la jerga policial, Levi actuaba claramente como un Pirá[3] del Comisario, es decir, movía sus mercadarías, coordinaba el movimiento de sus secretarios[4] visiblemente armados con calibres prohibidos para civiles; ejercía control y ordenaba fotografiar a policías brasileños; intercedía para traslado de policías de una unidad a otra. Consta también que prohibió que patrulleras de la Policía Nacional que rondaban por las inmediaciones de su casa en Pedro Juan sean reprendidos y que hizo desaparecer de los registros policiales la detención de personas de su confianza. Dependiendo del caso, los pagos que recibían los uniformados eran mensuales o por gestiones puntuales. Todos los agentes procesados en esta causa siguen a la espera del juicio oral y público dispuesto, aunque la mayoría está de nuevo en funciones, incluso como jefes de Comisarías.
La organización delictiva estaba conformada a los efectos de realizar operaciones de siembra, cultivo, cosecha, acopio, prensado, embalado, procesamiento, tráfico internacional y venta de sustancias estupefacientes, específicamente marihuana y obtenían impunidad mediante pagos a miembros de las Fuerzas de Seguridad de la zona (Marcio Gayoso y otros s/ Tráfico de Sustancias Estupefacientes y otros, 2019).
Estos operativos sirven más que nada para confirmar la infiltración institucional del crimen organizado antes que para desarticular las redes hegemónicas de poder (Flores Pérez, 2019) que permiten su existencia en el tiempo. Funcionan como parches y excepciones que confirman la regla. Detenido un jefe es reemplazado por otro, que activa de nuevo los mecanismos para la adquisición de mercaderías políticas (Misse, 2010, 2017a), de otros ávidos agentes en obtener ingresos con la entrega de información privilegiada recogida en el ejercicio de sus funciones o encontrar un buen pira, que le garantizará dinero extra seguro.
Un policía con más de 10 años de servicio en comisarías de frontera al planteársele las implicancias del operativo North para los uniformados detenidos reflexionó:
“Existen quienes abusan… hay que cuidarse de quién y como recibir dinero. Ahora es riesgoso agarrar nomás de cualquiera. Por eso es importante saber a quien tener como Pira. Muchos de los que están procesado tampoco podían hacer mucho, porque si tu jefe te dice anda trae o agarra de fulano no te queda de otra que obedecer, si queres permanecer en la zona. Si te negás, ya te tienen como pm (expresión para referirse a policías problemáticos) y ya te excluyen del grupo” (apuntes de cuaderno de campo, 11 de agosto de 2022).
Siguiendo la lógica de los reemplazos, tras la detención de Levi pronto aparecieron otros quienes ocuparon la jefatura del PCC. Antes de Leví estuvieron Elton Leonel Rumich da Silva o Galán, quien habría organizado el atentado contra Rafaat y luego los asesinatos de los cercanos a Jarvis Chimenes Pavão. Fue detenido en Río de Janeiro el 28 de febrero de 2018; también Sergio de Arruda Quintiliano Netto o Minotauro, detenido en Baleario Camboriú, el 4 de febrero de 2019. Poco antes de su detención obtuvo la nacionalidad paraguaya y se ventiló su vínculo con el camarista de Pedro Juan Caballero, el juez Juan Carlos Alvarenga, aún en funciones.
Después de Levi, Giovanni Barboza Da Silva o Bonitão y Ederson Salinas Benítez o Ryguasu, solo por citar algunos. Bonitão fue detenido el 10 de enero de 2021 luego de que su pareja sentimental informara a la policía sobre su paradero. Una vez aprehendido fue llevado a la sede de Investigación de Delitos de la Policía en la capital departamental. Ofreció un millón de dólares a la Policía y al Ministerio Público para que lo liberen. Un sector de la Policía tenía intenciones de quedarse con la mitad del dinero y entregar el resto al Ministerio Público. El responsable del operativo por el Ministerio Público se negó. Hasta un ministro del Poder Ejecutivo intercedió para que lo suelten. Como seguía detenido unos 70 miembros del PCC atacaron a la madrugada la sede de la Comisaría, tomando de rehenes a tres policías. Todo sin éxitos. Fue expulsado al día siguiente (apuntes del cuaderno de campo, 21 de noviembre de 2022).
Con relación a Ederson Salinas Benítez, tras sufrir un atentado en su casa, el 26 de marzo de 2022, en el centro de Pedro Juan Caballero, quedó aprehendido y liberado tres días después por orden de la jueza Sady Estela López Sanabria. Según la versión oficial resistió solo y con un arma, cuyo permiso de portación y tenencia disponía, al ataque de más de 15 sicarios. Sin embargo, interlocutores que presenciaron el hecho pues estaban trabajando afirman que fue rescatado por su protector, un jefe policíal en funciones, quien luego le sugirió que cambie de domicilio a Asunción. Este jefe también pasó a ocupar cargo en el Departamento Central. Los tres días de detención los pasó en una de las oficinas de la dependencia policial:
Ederson se creía dueño de la sede policial porque tenía comprado a todos. Uno de los jefes luego fue el que le rescató y armó la versión que él resisitió solo al ataque de los sicarios para que salga rápido. Un oficial que protestó por la forma en que ordenaba y humillaba a todos fue amenazado y castigado con traslado si es que no cumplía lo que él decía. Lo sacaron del Departamento y está haciendo controles ruteros, a pesar de tener formación y trayectoria. Otra muestra de cómo son los narcotraficantes los que dominan todo (apuntes del cuarderno de campo, 10 de marzo de 2022).
Otro operativo que abona la hipótesis sostenida es el que se refiere al tiroteo entre agentes de la Policía Nacional, por un lado, y miembros de la SENAD, por otra parte, quienes iban acompañados de funcionarios del Ministerio Público para aprehender a miembros de una estructura que traficaba cocaína desde Bolivia en el Departamento de San Pedro. La comitiva fiscal, al llegar a la pista donde estaban descargando 304 kilos de cocaína, fue recibida a tiros por los efectivos policiales que mantenían de rehén a los traficantes a la espera de unos 200 mil dólares que exigían para liberarlos. La SENAD respondió con más tiros. Finalmente fueron detenidos los siete policías y los responsables de la carga. Todos están acusados a la espera de juicio oral y público con prisión preventiva dispuesta (Ramón Giménez Velázquez y otros s/ Ley N° 1881/2002, 2021).
El aumento de la actividad del crimen organizado también se ve en la cantidad de mercaderías provenientes de Paraguay que fueron decomisadas en puertos africanos y europeos tales como Países Bajos, Alemania, Bélgica, España y Portugal, que entre 2019 y 2021 superó las 40 toneladas (Judiciales Net, 2022; Miguel Ángel Insfran Galeano y otros s/ Tráfico de droga, lavado de activos y Asociación Criminal, 2022).
Faccionalización del sistema penitenciario
El sistema penitenciario paraguayo sigue produciendo dolor y delincuencia de manera exitosa (Foucault, 2002). Extensas descripciones y análisis de los últimos años muestran de qué manera la cárcel es un fracaso para los fines de tratamiento, protección y reintegración social, declarados legal y constitucionalmente, y un éxito para la generación de ingresos para agentes y autoridades penitenciarias, así como para la consolidación de redes de criminalidad organizada.
Precisamente, fue durante el periodo de análisis que se inició y fortaleció lo que podría denominarse, recurriendo a la terminología de la literatura científica brasileña, la faccionalización del sistema penitenciario nacional. Es decir, el surgimiento de grupos conformados por personas privadas de libertad que, de manera articulada, exigen el mejoramiento de las condiciones de vida carcelaria, la disminución de la violencia ejercida hacia los mismos por parte de los agentes penitenciarios, y a la vez, generan ingresos por medio de la realización de actividades lícitas e ilícitas dentro y fuera de la prisión.
Una primera función de estos grupos es la protección de sus miembros, tanto de la violencia interpersonal entre privados de la libertad y la proveniente de los agentes del Estado. Al mismo tiempo, buscan generar las condiciones para que el encierro sea más tolerable en el contexto hostil y violador de derechos fundamentales en el que debe deben cumplir la pena o la prisión preventiva. En este sentido, proveen alimentación, espacios donde dormir, agua que beber y facilitan las comunicaciones entre sus allegados.
Sin embargo, la venta de drogas, tanto dentro como fuera de la prisión, la realización de llamadas extorsivas, y otros delitos vinculados al uso de la tecnología y los teléfonos móviles, forman de la cotidianeidad de varios de los miembros de estas facciones, y son la fuente principal de sus ingresos (apuntes de trabajo de campo y conversaciones informales con internos de cinco penitenciarías entre 2020 y 2022).
La primera que apareció a finales del 2011 es el Primer Comando de la Capital (PCC), surgido en cárceles paulistas a inicios de los 90. EL PCC como organización dejaba de usar al territorio paraguayo solamente como zona de confort e iniciaba una intensa actividad criminal que incluía la administración de cultivos de marihuana, el alijo y distribución de cocaína andina, tráfico de armas, y la interceptación y robo a bancos y transportadora de caudales. Los primeros miembros paraguayos fueron bautizados en la cárcel de Ciudad de Este, y a partir de allí se extendió a las demás penitenciarías del país (Martens, 2019). En septiembre de 2011, tras una fuerte represión a internos que fue denunciado en la Cámara de Diputados y generó la imputación de la entonces directora de Institutos Penales del Ministerio de Justicia, Olga Blanco, por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, varios miembros del PCC fueron trasladados a distintas penitenciarías. Siguiendo con su tradición, el PCC bautizó e hizo hermano[5] a cientos de privados de libertad en prácticamente la totalidad de las unidades penales. De esta manera, pudo concretar lo propuesto en 2010, a través del anuncio realizado por medio de una salve[6] de fortalecimiento, donde anunció el Proyecto Paraguay con el objetivo de ampliar su presencia en el país (Paes Manso & Dias Nunes, 2018).
Unos años más tarde, a imagen y semejanza del PCC surgió el Clan Rotela. Es probable que su fundador, Armando Javier, haya iniciado la caminhada[7] con el PCC en la cárcel de Misiones donde estuvo recluido hasta noviembre de 2012, cuando lideró una fuga y se escapó con otros 8 internos, tras tomar de rehén a cuatro guardiacárceles, utilizando armas blancas y de fuego.
Rotela fue recapturado en noviembre de 2016 y desde entonces guarda reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. A partir de este ingreso organizó su grupo constituyéndose a finales de 2022, en el principal actor del sistema penitenciario nacional. En Tacumbú no solamente dicta las normas de convivencia, sino que impide u ordena traslados y estableció un sistema de protección integrado por unos mil privados de libertad, al que denominó Grupo Lince, encargado de su seguridad personal y de cumplir y hacer cumplir sus órdenes. De este modo garantizó que, a pesar del cambio de gobierno y ministros de Justicia, nadie haya podido moverlo de Tacumbú, a pesar de varios intentos de traslado (apuntes de trabajo de campo y conversaciones con agentes penitenciarios de tres penitenciarias, entre 2019 y 2022).
Las prácticas y modos de vida de Tacumbú se generalizaron en el sistema penitenciario nacional por medio de los traslados masivos a las unidades regionales por la crítica situación de hacinamiento y falta de condiciones mínimas de habitabilidad. En el 2013 se decretó incluso su primer cierre temporal, lo que fue replicado en 2016. De acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP, 2013), ya entre 2010 y 2013 fueron reubicados desde Tacumbú en los demás centros, 2600 personas.
En sus interacciones, el Clan Rotela utiliza expresiones propias del PCC. Entre los miembros se llaman hermanos, y quebradas, a los barrios donde actúan, tal como revelaron conversaciones telefónicas entre Armando Rotela y algunos de sus miembros, en agosto de 2022, donde se documentó que ordenó la eliminación física de varias personas. Algunas de estas muertes se materializaron (El Observador, 2022).
De este modo, desde 2016 se fue intensificando la disputa por la hegemonía y el control del espacio carcelario entre estas dos facciones. La convivencia de ambos grupos en la misma penitenciaría obligaba a la mayor parte de población a tomar partido por un bando por una cuestión de sobrevivencia, aunque no quisieran. La mera designación de un pabellón como lugar de encierro podría significar que el interno sea identificado por como miembro o aliado de uno de los grupos, con sus consecuencias en la vida carcelaria.
La tensión entre los grupos llegó a un punto extremo cuando dos internos vinculados al PCC fueron asesinados en Tacumbú, en mayo de 2019. En uno de los casos, la persona estaba cumpliendo prisión en Encarnación y fue llevado a la capital para participar de una audiencia judicial. Fue emboscado y asesinado de 11 puñaladas a la vista de todos. El hecho fue leído como que Rotela ya estaba teniendo el control de Tacumbú y actuaba con connivencia institucional. Al presunto autor lo trasladaron a la Penitenciaría Regional de San Pedro (apuntes de trabajo de campo y conversaciones con agentes penitenciarios de tres penitenciarias, entre 2019 y 2022).
El PCC organizó la venganza por la muerte del hermano cuya fama y respeto por su coraje se extendía por todo el país. Antes de ingresar al sistema había asesinado a un policía, y ya adentro, a al menos otras cuatro personas en distintas cárceles. La venganza debía tener magnitud. Se concretó el 16 de junio. Miembros del PCC tomaron el control del centro y atacaron el pabellón donde están recluidos los miembros del Clan Rotela. Hubo resistencia que fue vencida, ya que contaban con armas blancas y de fuego. Dejó como resultado 10 asesinados, de los cuales seis fueron decapitados y tres quemados (apuntes de trabajo de campo y conversaciones con agentes penitenciarios de tres penitenciarias, entre 2019 y 2022).
Para el PCC era una cuestión de honor y necesitaba enviar mensaje a todo el sistema penitenciario. Tanto a la población como a funcionarios. Filmaron las escenas y distribuyeron por redes sociales. Dos de los quemados fueron encerrados en sus celdas con colchones y otros objetos inflamables y quemados vivos (apuntes de trabajo de campo y conversaciones con internos y agentes penitenciarios de tres penitenciarias, entre 2019 y 2022).
Cuando en 2022 hablé con un interno que presenció la escena desde su celda, dijo:
“parece que sigo escuchando los gritos y golpes que daban a la pared. Fue muy desesperante ver todo eso” (apuntes del cuaderno de campo, 20 de diciembre de 2021).
Este hecho visibilizó ante la opinión pública y familiares de internos la existencia de facciones carcelarias con dominio en espacios internos, pabellones, así como la hegemonía de determinado grupo en una u otra prisión. La de Tacumbú mantiene la fama que es territorio del Clan Rotela. Hechos como los ocurridos en septiembre de 2021 afianzan esta hipótesis. El traslado de un interno muy allegado a Armando Rotela a la Agrupación Especializada de la Policía generó la irá y reacción de este en septiembre de 2021, provocando el asesinato de siete personas.
El fondo del traslado habría sido la revelación por parte de un interno de los planes de Armando Rotela y su grupo de fugarse por un túnel en el que estaban trabajando. Con la información, las autoridades descubrieron el plan y evitaron la fuga.
Una persona que por entonces cumplía pena en Tacumbú me relató que la venganza se estaba preparando desde temprano. Que Armando Rotela dio la orden de encontrar y asesinar a quienes dieron a conocer el plan. Según la versión que corrió entre los internos eran personas que participaron de la construcción del túnel que se sintieron marginados a medida que llegaba el día y la hora de la fuga.
Aquel día, al promediar la tarde, los miembros el Clan empezaron el alboroto. Quemaron colchones, camas y tomaron de rehén a más de 20 agentes penitenciarios. La situación fue nominada como motín en los medios de comunicación que transmitían en directo desde el penal. Por primera vez, familiares de internos relataron ante las cámaras que la cárcel estaba manejada por Armando Rotela. Tras casi 20 horas liberaron a los funcionarios y se dio a conocer la lista asesinados: siete, cinco de los cuales decapitados y con varias heridas de armas blancas (apuntes de trabajo de campo y conversaciones con internos y agentes penitenciarios de tres penitenciarias, entre 2019 y 2022).
La tensión es permanente en el sistema y cada vez más está en cogobierno con los grupos que actúan al interior de esta, dependiendo de la unidad. En unos con el Clan Rotela y en otros con el PCC. La presencia de otros grupos no tiene la trascendencia de estos dos que fueron descriptos en este apartado, por lo que se los excluye del análisis. En las Penitenciarías Regionales de Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Concepción y Pedro Juan Caballero conviven, aunque en Pabellones separados miembros del PCC y el Clan Rotela, en tanto que en la de San Pedro, más del 70% de la población responde a Rotela, aunque también existen miembros del Comando Vermelho con quienes cohabitan sin inconvenientes, ya que realizan negocios coordinados (apuntes de trabajo de campo y conversaciones con internos y agentes penitenciarios de tres penitenciarias, entre 2019 y 2022).
La hegemonía del Clan Rotela en Tacumbú significó también su afianzamiento en las periferias de Asunción y demás ciudades del Departamento Central, donde están imponiendo sus reglas y control territorial a través de grafitis en las paredes, tal como hacen en las cárceles, y asesinatos, vía sicariato, a quienes osan desafiarlos[8].
Otro interno de la Penitenciaría de San Pedro recuerda cómo fue dándose el empoderamiento de Rotela en ese centro. Lleva más de ocho años de reclusión. Lo sintetizó de la siguiente manera:
“Desde el kilombo grande (alusión a los hechos del 2019) se fueron todos los del PCC de acá́. Rotela se alió con Comando Vermelho y son ellos los que manejan todo. Todo se tiene que hacer con autorización ellos. Los de Rotela son los que distribuyen y administran todo... hasta habilitaron una cuenta de tik tok” (apuntes del cuaderno de campo, 10 de febrero de 2022).
Existen autoridades penitenciarias que sacan provecho de la situación y otras que callan para mantener el empleo. En este sentido, un funcionario que ya fungió de director en más de una ocasión reconoció que existen niveles de negociación, cesión entre el sistema y los recluidos, representado por los grupos, que cada vez tienen más poder, tal como se lee en sus manifestaciones:
“Difícil es gobernar a una masa de mil hombres que ya no tienen nada que perder, hay que hablar con sus líderes y ceder un poco. No hay caso. Antes eran grupos de internos, hoy ya tienen sus jefes y dicen abiertamente que son del PCC, del Clan Rotela, ya te mandan abogados. En ese sentido cambió mucho. Están mucho más organizados” (apuntes del cuaderno de campo, 10 de febrero de 2021).
La pérdida de control por parte de Estado en el sistema penitenciario y el acrecentamiento del gobierno de los grupos criminales en los espacios carcelarios está relacionada con la función real asignada a la cárcel por los gestores que fueron sucediéndose en los últimos años, salvo algunas excepciones, ya que a pesar del mandato constitucional y legal de tratamiento penitenciarios y reintegración social, la práctica de las administraciones ha demostrado que el interés es más que nada generar ingresos económicos a partir de los ilegalismos tolerados (Foucault, 2002).
Desde esta perspectiva lo que importa es saber cuánto dinero puede generar un pabellón, en el que se tolerará todo lo que la reglamentación prohíbe a cambio del pago de cánones específicos. Entonces, con cada nuevo ingreso empieza la negociación para el cobro de las tasas respectivas, llevada adelante por un interno del Pabellón, en ocasiones llamado capataz, que cuenta con el respaldo y confianza institucional. Quienes llevan tiempo viviendo saben qué y cuánto deben pagar para mantener sus privilegios.
Los costos varían por persona y pabellón. Para conseguir un lugar, según la privacidad y comodidades, los precios pueden ser en guaraníes o dólares. Hay registro de pagos de hasta 50 mil USD, en caso de grandes patrones, que exigieron habitaciones con TV, wifi, camas, cocina incluida, y ningún control; pero ya se consiguen camas por 1000, 500 o 100 USD, en celdas comunitarias. En estos casos, se debe pagar también para acceder a teléfonos móviles, televisores, cocinas. A finales de 2022, el costo de mantenimiento de un interno en una habitación privada y acceso comodidades ascendía a unos 450 USD mensuales, y en celdas compartidas unos 250 USD. Los costos siempre varían, tal como se explica a continuación:
“En realidad, es como afuera también. Uno gasta, según sus posibilidades. En este momento pago como un 1 USD al día por mi teléfono, 20 centavos de USD por el retiro de la basura y 30 USD para mantenerme en mi habitación”. Pero siempre tenés que estar preparado porque lo que más inventan para robarte y sacarte dinero son las requisas, que es cuando vienen, desordenan tus ropas, te sacan tus perfumes, jabones, cremas dentales, calzados lindos… si tenés teléfono tenés que pagar ya par que te guarden… y cada ocho días hacen, en realidad cuando quieren plata nomás luego” (apuntes del cuaderno de campo, 30 de diciembre de 2022).
Finalmente, no hay que perder de vista que todo esto ocurre en plena vigencia de la Ley N° 6365, de 7 de septiembre de 2019, que “declaró en emergencia todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República y amplió el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019”. En julio de 2022, uno de los directores de estas penitenciarías regionales confirmó que los tanques siguen allí, pero que, en la práctica, no aportan seguridad a los centros de reclusión.
Narcopolítica
Bajo esta categoría se analiza la vinculación cada vez más visible entre empresarios del crimen organizado y actores políticos, y su incidencia en la seguridad en el periodo de estudio. Ciertamente, el sustantivo narcopolítica adquirió notoriedad en el último decenio para referirse al financiamiento electoral realizado por narcotraficantes, en un primer momento, y al ingreso de estos a los gobiernos locales, departamentales o nacionales, posteriormente.
Tal como se advirtió en un estudio exploratorio, la participación de actores políticos paraguayos en el narcotráfico se da en distintos niveles e involucra desde la dirigencia de base hasta a las autoridades partidarias en todas las regiones del país y de los dos principales partidos tradicionales: el Partido Colorado y el Partido Liberal (Martens, [2022] 2018).
En este sentido, una revisión en fuentes abiertas[9] arrojó que 39 políticos fueron procesados entre 2013 y 2022 por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos. De entre estos, 34 pertenecen al Partido Colorado, 4 al Partido Liberal y 1 al Partido Democrático Progresista. Sin embargo, no se pudo determinar la cantidad de los que fueron condenados, ya que las bases de datos consultadas no arrojaron información al respecto, y la mora e impunidad son frecuentes en los procesos abiertos a personas expuestas políticamente. Los cargos de los vinculados son: ex presidente de la república, vicepresidente de la república, diputados, senadores, presidente de seccionales, gobernadores, intendentes, concejales municipales, director de penitenciaría, ministro del Poder Ejecutivo; de los siguientes departamentos: Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Central y Asunción.
La primera mención pública a la relación entre narcotráfico y política desde una instancia oficial se realizó precisamente en el Congreso. Fue en 2014 cuando desde la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado se difundió una lista de seis parlamentarios de distintas regiones del país. “Quiero mencionarles que cada una de estas investigaciones se dan en diferentes procesos donde existen diferentes modalidades probatorias”, explicaba el entonces senador Arnaldo Giuzzio (Diario Última Hora, 2014). A pesar de realizarse la denuncia en el recinto parlamentario y con descripción de elementos prueba, el Ministerio Público no abrió ninguna carpeta de investigación fiscal. Varios de los nombrados siguen ocupando espacios de poder. Otros se dedican a la profesión de abogado defendiendo casi con exclusividad a personas vinculadas al narcotráfico.
Según los hallazgos de Martens ([2022] 2018), el ingreso a la política de narcotraficantes se dio de manera gradual. En los 90 era frecuente que los narcos financien campañas electorales de algunos candidatos, ubicando en lugares claves a personas que responden a sus intereses. Posteriormente, fueron involucrándose de manera más directa en los comicios y ocupando ya cargos en gobiernos locales, ya sea como intendente o miembros de la junta municipal. Actualmente ya están además de las administraciones locales en los gobiernos regionales y nacionales.
En esta misma lógica de involucramiento progresivo de narcotraficantes en espacios de poder político, algunos de quienes fueron confirmados como candidatos a diputados y senadores de ambos partidos tradicionales para las elecciones generales del 30 de abril de 2023 forman parte de la estructura del crimen organizado. Incluso, en algunos departamentos de frontera con Brasil, están muy vinculados a organizaciones criminales transnacionales. De este modo, es previsible que en el periodo parlamentario 2023-2028, el PCC tenga aliados ocupando en las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente (apuntes del cuaderno de campo, 30 de noviembre de 2022).
A inicios del 2022, la operación denominada A Ultranza Py, calificada por el gobierno como la mayor operación contra el crimen organizado en Paraguay, en el que, hasta a finales del 2022, se habían realizado 130 procedimientos, e incautado bienes por 250 millones de dólares y detenidas 24 personas (IP Paraguay, 2023) puso en evidencia nuevamente la vinculación entre narcotráfico y política. Dos diputados colorados Juan Carlos Osorio y Erico Galeano fueron señalados como parte de la estructura criminal. Ante las presiones, Osorio renunció a su banca y desde entonces guarda reclusión investigado por los delitos de asociación criminal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Era presidente de una cooperativa, cuya estructura usó para lavar dinero. Otros políticos locales están investigados y guardan reclusión vinculados al operativo (Miguel Ángel Insfran Galeano y otros s/ Tráfico de droga, lavado de activos y Asociación Criminal, 2022).
Otro parlamentario procesado y encarcelado, que está a la espera de un juicio oral y público por su vinculación con la criminalidad organizada es Ulises Quintana, diputado colorado del Alto Paraná (2018-2023), también acusado de lavado de dinero y asociación criminal. Su proceso inició en 2018, estuvo privado de libertad en una cárcel militar hasta finales de 2020 y desde entonces aguarda el juicio en libertad. Este caso es otra muestra cuán difícil es llegar a audiencias orales cuando están involucradas personas con alto perfil político, y tal como se afirmó en párrafo anteriores, la mora e impunidad son frecuentes (Reinaldo Javier Cabañas y otros s/ Ley 1881/2002-Antidrogas-Caso Berilo, 2018)
El caso del asesinato del ex diputado del Departamento de Concepción, Magdaleno Silva, es otra cara de la narcopolítica. Ya que tanto él como sus asesinos estarían vinculados a estructuras criminales internacionales. Medios de comunicación reportaron que los hermanos Cornelio Esquivel alias “Mitu”, y Felipe Ramón Esquivel, ligados al poderoso narcotraficante Cabeza Branca (Luis Carlos da Rocha) tuvieron participación en el crimen del exlegislador (Diario Hoy, 2015). Magdaleno Silva, su hijo y otros dos acompañantes fueron ejecutados por sicarios frente a su domicilio en Yby Ya’u, el 5 de mayo de 2015. La agencia estatal de noticias reportó el hecho por sus características como un crimen por encargo vinculado al crimen organizado, recogiendo las palabras del ministro del interior, Francisco de Vargas (IP Paraguay, 2015).
Silva ingresó como congresista para el periodo 2003-2008 y permaneció por dos periodos, hasta el 2013, en representación del Departamento de Concepción, una zona con gran actividad vinculada al tráfico de cocaína y cultivos de marihuana. Con Magdaleno Silva se inició el ingreso del narcotráfico a la política afirmaba sin tapujos el entonces senador Robert Acevedo, político liberal del Departamento de Amambay, atacado por sicarios en 2010 y 2018, logrando sobrevivir, a pesar de las heridas recibidas. También se lo vinculó al gran jefe narco Luíz Carlos da Rocha o Cabeza branca (Lezcano, 2015). Cabeza branca fue detenido en 2017 en Brasil, tras 30 años de actividad en el crimen organizado, según la Policía Federal de Brasil. Yby Ya’u era una de sus bases de operaciones. Producía cocaína en Bolivia, Perú y Colombia para enviarla a Europa y Estados Unidos, además de proveer para San Pablo y Río de Janeiro (BBC Mundo, 2017).
El caso del ex intendente de Zanja Pytã[10], Ramón Velázquez (2015-2021), ilustra una forma de participación que se repite en otras ciudades. Cuando entró a la política ya era conocido como un empresario de frontera, por tanto, en el imaginario social los límites entre lo legal e ilegal de sus negocios eran difuso, aunque para las fuerzas policiales no hubiese dudas, ya que colaboraba, habitualmente con los jefes de turno, entregándoles dinero, para que no le molesten. Es decir, era un patrón narco. La intendencia le dio poder político y trabajó aún más visiblemente; incluso habilitó una pista de aviación. En su época, la gente trabajaba tranquilamente en la marihuana, él luego se encargaba de que no le molesten a los chacreros[11], se iba casi todos los días a la Comisaría, recordó un efectivo policial que cumplió funciones en la unidad policial local (apuntes del cuaderno de campo, 30 de octubre de 2022).
Cuando perdió poder político no midió las consecuencias. Seguía moviéndose como si formara parte del gobierno, pero los actores ya habían cambiado. Tras permanecer prófugo desde abril, fue detenido a finales de noviembre de 2022 en un control rutero. Con él, una camioneta de doble fondo[12], donde estaban ocultas cerca de 100 kilos de marihuana, armas largas, proyectiles varios. Previamente, durante un allanamiento se había encontrado cerca de 500 kilos de marihuana en su domicilio (Amambay 570, 2022).
La presencia de narco políticos en gobiernos locales, regionales como en el Congreso impacta de manera directa en la formulación y gestión de políticas de seguridad, de diversas maneras y en distintos niveles. En el caso de los parlamentarios, inciden a nivel nacional y local. Por un lado, son quienes contribuyen decisivamente a impedir la sanción de leyes, dotación de presupuestos e infraestructuras para el control del crimen organizado como los radares para el control del espacio aéreo y los escáneres para combatir la narco-exportación desde los puertos fluviales, públicos y privados, que contaminan los principales productos del país, como la soja y la carne. Por otra parte, actúan como inhibidores de la actuación policial en territorios locales cuando la intervención estatal afectará a sus intereses.
Siendo así, a finales del 2022, Paraguay sigue sin radares para el control del espacio aéreo, principal forma de ingreso de la cocaína andina al país. “No podemos seguir con el espacio aéreo totalmente desnudo, todo el espacio aéreo nacional está al descubierto para que las narcoavionetas se apoderen de nuestra soberanía. Estamos ante un carnaval de las narcoavionetas”, habían declarado en el Senado al momento de estudiar la compra de radares de control aéreo primario. En esa misma sesión se recordó que “Argentina tiene 36, Bolivia 7, y Brasil 47 (Diario La Nación, 2022a).
La falta de presupuestos aprobados en el Congreso también es la constante explicación a la inexistencia de escáneres para el control de mercaderías de exportación en los principales puertos del país, a pesar del incremento de la “narco exportación y el decomiso de unas 57 toneladas de cocaína procedentes de Paraguay, por agencias de seguridad extranjeras”; y que a pesar de la promesa de compra de 10 escáneres en abril de 2021 no se hayan adquirido las máquinas para finales de 2022 (Diario La Nación, 2022b).
Los narcos políticos vinculados a gobiernos locales inciden también en la evitación de la actuación policial e institucional creando espacios liberados para que sus mercaderías, productos o cultivos y las de sus aliados sean recepcionadas, embarcadas y/o transportadas. Tanto intendentes como concejales municipales ejercen poder sobre la policía local, ordenando traslados en los cuales que estos generen molestias para sus intereses. Además, es frecuente la conexión del narco político local con la autoridad regional o nacional impidiendo en estos casos incluso los ascensos a grados superiores a los oficiales de policía.
De este modo, estas afectaciones a la seguridad imputables a los narcos políticos descriptas en los párrafos precedentes potencian aún más las históricas actuaciones policiales en los territorios locales caracterizadas por la selectividad y venta de mercaderías políticas, donde permiten varias ilegalidades y persiguen, excepcionalmente, algunas o aquellas que sean realizadas de manera tosca, en flagrancia o por personas estigmatizadas como desviadas (apuntes de cuaderno de campo, entre marzo y diciembre de 2022).
Conclusiones
En base a lo descripto, el denominador común de los últimos 20 años de la gestión de la seguridad en Paraguay puede caracterizarse por la adopción de medidas legislativas y algunos ajustes institucionales sin tener en cuenta datos empíricos de la realidad criminal, sino basadas en la percepción y sensación de los administradores de turno y los dictados de la criminología mediática o concretamente la telecriminología, que difunde y busca instalar una particular forma de delincuencia en el país, asociada a hechos burdos y violentos, cometidos por hombres jóvenes de barrios periféricos.
De este modo, por un lado, se apostó al endurecimiento penal, a través de nuevos tipos penales y al aumento de penas, que provocó el incremento del más del 100% de la población privada de la libertad, llegando para finales de 2022 a unas 18 mil personas en prisión; y, por otro lado, a la militarización temporal y luego permanente de amplios territorios de la Región Oriental, desde agosto de 2013, afectando especialmente a comunidades de San Pedro y Concepción. La narrativa construida para la adopción de estas decisiones es el combate a la inseguridad, en constante aumento.
Sin embargo, la realidad criminal siguió su propio curso, y en algunos casos, se vio potenciada por estas decisiones adoptadas. Concretamente, el homicidio, siguiendo la tendencia mundial se mantuvo en descenso pasando de una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes en 2001 a poco más de 6, en 2022. Por el contrario, el sostenido aumento de la población carcelaria incidió para que los dos principales grupos criminales que co-gobiernan las cárceles, el PCC y el Clan Rotela, tengan cada vez más miembros y que ya estén presentes en todas unidades penitenciarias masculinas y femeninas del país.
Esta criminalidad organizada que creció en las penitenciarías también registró aumentos fuera de la misma, ubicando al Paraguay, ya no solo como el principal productor de marihuana de América del Sur, sino también como un centro logístico internacional de distribución de la cocaína andina, ya no solo para los mercados de Buenos Aires y San Pablo, sino para regiones de África, Europa, e incluso, oriente próximo y Asia.
Respecto a los delitos contra la propiedad, las denuncias fueron incrementándose año tras año, en especial en las áreas metropolitanas de Asunción, el departamento Central y demás capitales departamentales.
Lo que sí se mantuvo constante en estos 20 años, es el miedo al delito, cuyos índices siguen ubicando al país como uno de los más temerosos de la región y su efecto paralizante impactó en las rutinas y economías de la población, ya que no solo se registraron modificación y/o paralización de algunas actividades, sino también gastos en dispositivos de seguridad para sentirse más seguros, sin que se haya dispuesto siquiera una medida que tienda a disminuir el miedo al delito.
Referencias
Alderete Ortega, Y. (2022). Efectos de la criminología mediática en la política legislativa paraguaya. Revista Jurídica-Ministerio Público, 12(2), 37.58.
Amambay 570. (17 de noviembre de 2022). Ex intendente prófugo de Zanja Pytã preso con más de 73 kilos de marihuana, armas y proyectiles. Amambay 570.
BBC Mundo. (2 de julio de 2017). Tras 30 años, capturan a Luiz Carlos da Rocha, uno de los "capos de las drogas" más buscados en Brasil. BBC Mundo.
Binder, A. (1998). Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ad Hoc.
Carvallo, P. (24 de enero de 2018). Desmilitarización y remilitarización en Paraguay. Obtenido de https://wri-irg.org/es/articulo/2018/desmilitarizacion-y-remilitarizacion-en-paraguay
Colmán Gutiérrez, A. (17 de junio de 2016). Los empresarios de la frontera. Diario Ultima Hora.
De Marinis, N. (2019). Etnografiar (en) el terror. Reflexiones a partir de una experiencia de campo. En Y. Castro Neira, Antropología de la Violencia (págs. 57-80). Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Diario Hoy. (6 de mayo de 2015). Caso Magdaleno: Rastrean a narcopolíticos vinculados a la masacre. Diario Hoy.
Diario La Nación. (24 de noviembre de 2022a). Senado aprueba con modificación propuesta de compra de radares para control del espacio aéreo. Diario La Nación.
Diario La Nación. (26 de noviembre de 2022b). Instalan escáner, pero efectividad dependerá del ojo del funcionario. Diario La Nación.
Diario Última Hora. (20 de noviembre de 2014). Senadores dan nombres de políticos involucrados en el narcotráfico. Diario Última Hora.
Dias dos Santos, I. (2020). La selectividad jurídico-penal abisal. Análisis crítico desde los delitos contra el patrimonio en Brasil. Salamanca, España: Universidad de Salamanca (Tesis doctoral).
Dudley, S., & Taylor, M. (2020). PCC en busca de control interno y la frontera Paraguay-Brasil. Insight Crime.
DW en Español. (19 de julio de 2018). Detienen en Asunción a jefe de banda brasileña PCC. DW en Español.
El Observador. (26 de abril de 2022). Las llamadas de la muerte: Hechos de sicariato ordenados por Armando Javier Rotela. El Observador.
Feltran, G. (2018). Irmãos: uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras.
Flores Pérez, C. (2019). Contrabando, tráfico de drogas y la configuración de circuitos institucionales para su protección en México. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 5(1), 37-58.
Foucault, M. (2002). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
IP Paraguay. (23 de febrero de 2023). A un año de su inicio, operativo «A Ultranza Py» sigue en curso con más de US$ 250 millones en bienes incautados. IP Paraguay.
IP Paraguay. (25 de mayo de 2019). Ministro afirma que la Policía está en un necesario proceso de reforma. IP Paraguay.
IP Paraguay. (5 de mayo de 2015). Magdaleno Silva muere víctima de atentado en Yby Yau. IP Paraguay.
Jiménez de Asúa, A. (2000). El derecho procesal en Latinoamérica. Cuestiones Criminales, 23-54.
Judiciales Net. (18 de marzo de 2022). En 16 meses, desde Paraguay se enviaron más de 40 toneladas de cocaína a Europa. Judiciales.net.
Lezcano, J.C. (8 de mayo de 2015). ¿Quién era Magdaleno Silva? Diario ABC Color.
Marcio Gayoso y otros s/ Tráfico de Sustancias Estupefacientes y otros, N° 8692/19 (Fiscalía Especializada c/ Narcotrático. Unidad N° 3. 2019).
Martens, J. (2009). Discurso democrático en el Ministerio del Interior, continuas prácticas abusivas en la Policía Nacional. En CODEHUPY, Derechos Humanos en Paraguay 2009 (págs. 105-117). Asunción: Arandurã.
Martens, J. (2017a). Aproximaciones a la naturaleza del EPP desde la perspectiva de la insurgencia. Novapolis, 43-68.
Martens, J. (2017b). Entre el miedo y la militarización: la Política de (In) seguridad de Paraguay. Revista de la Facultad de Derecho de México, 67(269), 229-247.
Martens, J. (2019). Presencia y actuación del Primer Comando de la Capital (PCC). Implicancias políticas y sociales. Revista Jurídica. Ministerio Público(9), 59-75.
Martens, J. ([2022], 2018). Narcopolítica: dinámicas y modalidades de participación de actores políticos de Paraguay en el narcotráfico. Revicso. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 5(10), 11-36.
Martens, J. (2022). Militarización para protección de intereses fácticos y dispositivo de disciplinamiento. El caso de la FTC en Paraguay. Cuestiones Criminales, 246-278.
Martens, J., & Estigarribia, R. (2017). Efcacia de las políticas de mano dura en Paraguay. Análisis a partir de 1datos objetivos de inseguridad en Asunción, Central y Amambay 2010-2016. Revista Jurídica-Ministerio Público, 43-74.
Martens, J., Molinas, D., Ramos, J., & Orrego, R. (2018). Atlas de la violencia e inseguridad en Paraguay. Datos objetivos 2010-2017 y resultados de la Encuesta Nacional de Victimización 2017. Asunción: Arandurã.
Martens, J., Orrego, R., Villalba, E., Veloso, R., González , L., & Delgado, F. (2022). Entre el terror y la acumulación social del miedo: Gobernanza criminal en tres ciudades fronterizas de Paraguay con Argentina y Brasil. Dilemas (Edición Especial N° 4), 205-232.
Mendonça, M. (16 de junio de 2016). Morte de traficante tem relação com busca pelo monopólio do tráfico na fronteira. Correio de Estado.
Miguel Ángel Insfran Galeano y otros s/ Tráfico de droga, lavado de activos y Asociación Criminal, 1358 (Garantías N° 3-Crimen Organizado 2022).
Misse, M. (2010). La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y en Brasil: algunas reflexiones. Revista Co-herencia, 7(13), 19-40.
Misse, M. (2017a). Mercancías políticas En B. Renoldi, S. Álvarez, & S. Maldonado Aranda (comps.), Estado, violencia y mercado. Conexiones etnográficas en América Latina (págs. 39-45). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia.
Misse, M. (2017b). Sujeción Criminal. En B. Renoldi, S. Álvarez, & S. Maldonado Aranda (comps.), Estado, violencia y mercado. Conexiones etnográficas en América Latina (págs. 29-38). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia.
Molinas-Delvalle, D. (junio de 2021). Influencia de la televisión en la percepción de inseguridad y miedo al delito de la población paraguaya. Rev. Int. Investig. Cienc. Soc, 17(1), 158-174.
Naciones Unidas: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. (2022). Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2021. Viena.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD [UNODC, por sus siglas en inglés]). (2019). Estudio Mundial sobre el Homicidio. Resumen ejecutivo. Viena : UNODC.
Ossola, María Macarena (2013). La autoridad etnográfica interpelada. Tensiones contemporáneas sobre la(s) escritura(s) de la otredad. Universitas Humanística, 75, 63-80.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2010). Seguridad humana: implicaciones para la salud pública. Washington: OPS.
Paes Manso, B., & Dias Nunes, C. (2018). A guerra. A ascenção do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo: Todavia.
Ramón Giménez Velázquez y otros s/ Ley N° 1881/2002, 01-01-02-01-2019-3971 (Juez de Garantías N° 3-Capital 9 de marzo de 2021).
Reygadas, L. (2014). Todos somos etnógrafos. Igualdad y poder en la construcción del conocimiento antropológico. En C. Oehmichen Bazán, La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales (págs. 91-118). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Reinaldo Javier Cabañas y otros s/ Ley 1881/2002-Antidrogas-Caso Berilo, 7388 (Garantías N° 2-Alicia Pedrozo 2018).
Télam. (27 de agosto de 2022). La hidrovía Paraguay-Paraná, una de las "rutas alternativas" para el tráfico de cocaína a Europa - TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del R. Télam.
Troncoso, V., & Sampó, C. (29 de junio de 2022). Las rutas de salida de la cocaína en el Cono Sur. El País.
Zavala Caudillo, A. (2014). Mi llegada al Paraiso. Una etnogrfía entre pandillas. En C. Oehmichen Bazán, La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales (págs. 241-257). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Zaffaroni, E. (2009). En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal (Vol. Quinta reimpresión). EDIAR.
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CV Juan A. Martens. Doctor y Máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad por la Universidad de Barcelona-España. Máster en Garantismo Penal y Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Pilar (UNP). Abogado por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Investigador Categorizado Nivel II, en el PRONII-Conacyt. Investigador asistente de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA-UNP). Coordinó y publicó en 2019, Topáke Violencia Nórtepe; Atlas de Violencia e Inseguridad, en 2018; Desafíos al Desarrollo en Contexto de Grupos Armados, en 2020, y Entre el terror y la acumulación social del miedo: Gobernanza criminal en tres ciudades fronterizas de Paraguay con Argentina y Brasil, en 2022.
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