El sistema productivo de un país, en esta edad post-contemporánea está, o por lo menos debería estar, directamente relacionado con la salud y la protección social de su población.
Producir garantizando la salud y la protección social (jubilación, desempleo, seguridad laboral) de los trabajadores y de sus familias debería ser algo básico en toda sociedad. Aún más en un país como Paraguay, que en el Art. 1 de la Constitución Nacional define a su sistema republicano como un “Estado social de derecho”.
Sin embargo, más allá de leyes que en el papel protegen la salud y las condiciones de vida de la población, encontramos una permanente violación de los derechos sociales más básicos de la población en general, y de los trabajadores en particular.
A pesar de contar con leyes que garantizan protección social y salud, que prohíben la contaminación del medioambiente y que abogan por una sociedad justa e inclusiva, la realidad paraguaya nos presenta hoy en día un conjunto social donde el ciudadano queda desamparado frente a una maquinaria productiva que pone permanentemente el beneficio económico por encima de la vida de las personas. Nos encontramos entonces en un país donde el sistema productivo, a pesar de impulsar discursivamente la “responsabilidad social” de las empresas, en realidad impulsa una sociedad donde las garantías y los derechos sociales de la población son constantemente violados y pisoteados.