Paraguay es un país que tanto en dictadura como en democracia ha presentado, a través de su historia, una institucionalidad muy débil y una gobernabilidad marcadamente limitada. Los actores sociales y políticos que protagonizan el debate público raramente han podido encontrar soluciones a problemas colectivos mediante el diálogo y la participación en espacios institucionales de resolución de conflictos, tales como el parlamento, las mesas de diálogo, u organismos de arbitraje. Por el contrario, ha sido usual recurrir a las calles, a las plazas y, en algunos casos, hasta a los campos de batalla para dirimir diferencias y buscar salida a distintos tipos de conflictos. De esta manera, ha sido a través de las medidas de fuerza, de las manifestaciones, de las huelgas y – no pocas veces – hasta de los balazos que se tomaron decisiones a las que no se pudo llegar a través del diálogo.

La experiencia muestra además que raramente se logra evitar medidas de fuerza a través del diálogo previo, dejando casi siempre explotar el conflicto y esperando hasta el recrudecimiento del mismo para empezar a buscar soluciones que satisfagan a los actores involucrados. Es más, algunas veces hasta se prefiere que el conflicto llegue a consecuencias extremas antes de buscar resolverlo, y en otros casos se opta sencillamente por la derrota de una de las partes antes de aceptar sentarse a negociar una solución que resuelva el problema en juego. El conflicto político y social es entonces una constante en la historia –y el presente– del Paraguay. Por ello, en este número de Novapolis buscamos reunir algunos casos que nos permitan analizar cómo el mismo es dirimido. Los artículos que publicamos individualizan situaciones concretas de conflicto desarrolladas en el país, evaluando su origen y su proceso y, en muchos casos, evidenciando cómo se ha buscado intencionalmente exacerbar la problemática, llegando hasta desenvolvimientos violentos antes de emprender una búsqueda de soluciones satisfactorias para los actores involucrados.